Los dueños privados de la fragata "La Mercedes" han sido indemnizados por España

España indemnizó a los dueños privados del tesoro capturado por Odyssey

Odyssey Marine Exploration no tiene derecho ni a una sóla de las monedas rescatadas del naufragio de «La Mercedes», puesto que es un buque de Estado. Pero es que ni siquiera puede reivindicar ya las fortunas privadas que se hundieron con la fragata, puesto que España indemnizó antes de 1870 a todas las víctimas que pudieron probar que sus propiedades estaban a bordo del barco hundido a traición por el inglés el 5 octubre de 1804 (hace justo ahora 204 años). Esto es lo que se desprende de la investigación histórica y jurídica realizada por el abogado José María Lancho.

Lienzo que representa la explosión de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Vuelva usted mañana

Según el citado jurista, que ha rebuscado en archivos y libros de la época, el proceso se alargó durante décadas y fue penoso para un erario exhausto por las guerras. En 1824 se abrió el plazo para reclamar por las presas realizadas por Inglaterra antes de 1808, es decir, veinte años más tarde de la catástrofe de «La Mercedes». Era la España del Vuelva usted mañana de aquel Mariano José de Larra transmutado en Fígaro, donde la burocracia podía agotar la paciencia y la energía de aquellas desesperadas familias durante varias generaciones. Es posible, según afirma Lancho, imaginar «la situación en que se encontraban estas familias y comprender la precariedad de un Estado, el español, que apenas sobrevivía tras las guerras napoleónicas, mientras América iniciaba su proceso revolucionario y estallaban los primeros conflictos civiles» en el reinado de Fernando VII.

Pero lo cierto es que, en diciembre de 1869, se emitía una Instrucción que regulaba las caducidades de las reclamaciones de aquellas víctimas que debían ser indemnizadas por el apresamiento de buques de la Real Armada a manos de Inglaterra. El caso es que el artículo 9 de esa Instrucción de 1869 explica que los demandantes de indemnizaciones debían presentar «en el plazo de un año a contar desde el 21 de julio último (de aquel 1869), en las oficinas de la deuda, bajo pena de caducidad (...) los documentos que acreditan el apresamiento del buque, el hecho del embarque del metálico, géneros y efectos apresados, el valor de estos y el del buque». Es decir, que tenían que probar su demanda.

«La Mercedes», exento

Pero el caso de «La Mercedes», y el resto de los buques apresados en la traicionera batalla del Cabo de Santa María, fue tan doloroso -provocaría la guerra con Inglaterra- que quedaban exentos de toda prueba los demandantes de «las fragatas de guerra Mercedes, Fama, Medea y Santa Clara por la notoriedad de sus apresamientos», destaca Lancho. El motivo de que España se comprometiera a indemnizar a las víctimas no fue otro que el cambio de alianzas, tras las guerras napoleónicas que volvieron a unir como aliados a Madrid y Londres, que se habían declarado la guerra tras el hundimiento de «La Mercedes», una guerra que en el mar terminaría con la tragedia de Trafalgar.

El caso es que el resto de las víctimas de los apresamientos corsarios de los ingleses necesitaba un testimonio del Almirantazgo inglés o del Tribunal que declaró buena la presa en cada caso. Asimismo debían «aportar el protesto del capitán del buque y el testimonio expedido por la comandancia de marina en que hubiera estado matriculado el buque». Para el hecho del embarque de bienes, un testimonio sacado del registro de la Aduana del puerto de salida o expedido por el Almirantazgo inglés o el Tribunal que declaró buena la presa. Servían también los conocimientos de los capitanes, maestres o patrones de los barcos, las pólizas de seguros. etc.

Los demandantes podían sumar otras pruebas como los testimonios de los libros de comercio. Además, aquellos que quisieran justificar la propiedad y el valor del buque, debía aportar la escritura de adquisición o certificación expedida por el Almirantazgo inglés o el Tribunal que dispuso de la presa «siempre que constara la propiedad del buque y el precio de la venta del mismo», añade Lancho. Y, por último, también se aceptaba la certificación emitida por la Comandancia de Marina a la que «hubiesen correspondido los buques apresados, donde constara la matrícula y los arqueos de verificados». El tiempo pasaba y no todas las víctimas tuvieron la suerte de reunir la documentación necesaria. Por ello, en diciembre de 1870 aún se publicaban varias cuantiosas reclamaciones caducadas de algunos herederos. Es el caso de Faustino del Campo, que reclamaba 100.000 reales de vellón de «La Mercedes» y 2.000 de la «Santa Clara». Él y tantos otros vieron caducar sus derechos por no presentar las pruebas exigidas en el citado artículo 9.

«Gran Bretaña no debe resarcirse en Tampa de sus propios despojos»

Gran Bretaña sí indemnizó a don Diego de Alvear, el militar español que vio hundirse a su mujer, siete de sus hijos y toda su fortuna cuando estalló «La Mercedes». Según informaciones publicadas en Gibraltar, el Gobierno británico estudia con algunos abogados si exigir una parte del tesoro por esa reparación. Según el abogado José María Lancho, a la luz de la historia esa reclamación es puramente nula. ¿El motivo? Que Inglaterra indemnizó «por daños morales» causados a don Diego de Alvear debido, como escribió el propio rey Jorge III, a «las peculiares circunstancias de este infortunio tan grande», esto es la pérdida de los siete hijos y su esposa como consecuencia de un ataque en tiempos de paz. Lancho recuerda que ese daño moral irresarcible fue cuantificado en la medida de los caudales de este español hundidos con la fragata. Pero que no se compensó a don Diego su pérdida económica, como tampoco hizo Inglaterra con los demás supervivientes de «La Mercedes» ni con los herederos de las otras 263 víctimas de aquel infame ataque. «Es evidente la carencia de título jurídico alguno por parte del Reino Unido, lo que no deja de resultar llamativo semejante intento de resarcirse sobre los despojos de los asesinados en el suceso de la Mercedes, lo que viene a demostrar que estamos ante gentes muy lejos de la altura de Fox o Pitt, y de quienes se enfrentaron al tirano de Europa, aunque visto el papel del embajador en el asunto de Gibraltar y el contencioso con Odyssey el público no espera menos».

Cabe recordar que la indignación de la opinión pública por la crueldad de la agresión a la flotilla española presionó al Gobierno británico de 1804. Y resulta desde el derecho difícil de entender que aquel ataque a traición vaya a tener, para más inri, otra compensación. Según documenta el historiador Agustín Ramón Rodríguez las fuerzas no estaban igualadas, debido al mayor calibre de los cañones británicos, ya que aquellos corsarios no corrían riesgos durante su rapiña.

Los herederos ya no tienen derechos que defender en Tampa, sino España

La conclusión del estudio llevado a cabo por José María Lancho es definitiva: los damnificados por el hundimiento de «La Mercedes» «fueron indemnizados por el Reino de España antes de 1870 o bien vieron prescritos sus derechos o caducadas sus reclamaciones por defecto de algún documento». Por tanto resulta risible que ninguno de sus descendientes actuales quiera entrar en el litigio de Tampa que enfrenta a los cazatesoros con el Estado español. «Esto determina, definitivamente, la inviabilidad jurídica de la estrategia de Odyssey Marine Exploration para poder apoderarse al menos de parte de la carga del pecio de «La Mercedes»». Según el abogado, «incluso si llegara a admitirse la ficción de que en un pecio de Estado hay una excepción a la inmunidad soberana en relación a cargas de titularidad privada, lo cierto es que el Reino de España al indemnizar a las víctimas por los haberes perdidos en el buque hundido, sucedió en el derecho de las mismas a esas mismas cantidades».

España indemnizó a los dueños privados del tesoro capturado por Odyssey

Será casualidad pero, en 1870, al mismo tiempo que caducaban los derechos de las víctimas sobre los bienes apresados por el inglés, aparecía el libro de Sabina Alvear y Ward sobre su padre, el general español cuya tragedia conmovió a todos en 1804. Lo recuerda el tataranieto de don Diego de Alvear y Ponce de León, José Ramón de Alvear, en declaraciones a ABC.

Su tatarabuelo venía de Argentina, donde su labor se había vuelto imposible: estaba documentando el levantamiento de la frontera entre España y Portugal, en lo que hoy es la linde de Argentina con Brasil y Uruguay. «Pero la guerra terminó con el encargo de la Comisión de Límites Conjuntos. Allí los ánimos estaban soliviantados -nos relata- por la guerra civil entre realistas y revolucionarios. Hubo tantos resquemores que en Europa se consideraba traición el trato con los rebeldes. Tal vez por eso su hija tardó tanto en publicar el libro».

Pero es cierto que «a mi tatarabuelo lo indemnizó Inglaterra bajo palabra. Y como volvió a casarse con una inglesa decía que le habían devuelto su fortuna, su mujer y sus hijos». Fue la ventura de un hombre corajudo cuya tragedia había conmovido incluso al monarca británico Jorge III. Aunque lo cierto es que el rey que indemnizó al general por daños morales causados, le nego la petición idéntica que hizo para sus hombres. «El ataque de Inglaterra fue un acto de piratería, porque la guerra era entre Francia e Inglaterra. Aunque tengo un pariente que me corrige y dice que es más bien un acto de corsarios, que apresaban nuestros barcos al servicio de la Corona inglesa». Relata cómo su antecesor tuvo que ponerse al mando de los buques durante el ataque y lo traicionero que fue. El general regresaba a su destino, en Cartagena, y «tuvo que tomar el mando por enfermedad del general Bustamante». La familia no piensa litigar ahora, «todo esto es agua pasada», dice su descendiente.

No tanto le parece la actuación de los cazatesoros en este caso. «Lo de Odyssey es una vergüenza», dice sencillamente. «Es piratería pura y llana, porque hablamos de un buque de guerra en el que también viajaban particulares, como suele ocurrir en las guerras». ¿Y si Gran Bretaña entra en el litigio para exigir un trozo del tesoro? «La presa fue ilegítima y sería un doble acto de piratería». Hablamos de historia y de personas notables. De arqueología y yacimientos destrozados, de cementerios marinos y de memorias familiares.

«Mientras mi tatarabuelo estuvo en Plymouth, los españoles exigían vigilancia para evitar el pillaje que la marinería inglesa hacía sobre los caudales de los barcos». Hombre de honor, Alvear pedía en Londres también «los daños y perjuicios a tantos inocentes por la muerte de sus padres, hermanos y parientes que después de sacrificar sus vidas han perdido también todo su haber en su caja de soldadas». El ministro de Marina Canning aprobó la peticion personal de Alvear y negó otra reparación al resto de 52 supervivientes, aduciendo que no los representaba.

Jesus García Calero, Madrid, ABC, lunes, 13 de octubre de 2008

1808: «La primera mención a la Nación se hizo al formarse la Junta Suprema»

Hoy se cumplen doscientos años de la creación en Aranjuez de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, un punto de inflexión fundamental en el desarrollo de la Guerra de la Independencia, pues supuso la centralización de los poderes ejecutivo y legislativo que conducirá a la convocatoria de las Cortes que redactarán en Cádiz la primera Constitución española.

Si en mayo asistíamos a la conmemoración del primer levantamiento popular contra las fuerzas napoleónicas (el Dos de Mayo madrileño), una revuelta en la que la nobleza y la iglesia no tuvieron parte; y después, a los aniversarios de los alzamientos de las Juntas provinciales (integradas por nobles antigodoyistas, clérigos y ciudadanos notables); ahora, tras la primera derrota infligida a Napoleón en campo abierto (la Batalla de Bailén, ya recordada el 19 de julio), la España insurgente se dota a sí misma de instituciones capaces de asumir el poder del Estado en ausencia del Rey.

El historiador Emilio de Diego -autor, entre otras obras, de España, el infierno de Napoleón (La esfera de los libros)- señala a ABC que en los archivos de Martín de Garay (miembro de diversas comisiones de Hacienda durante el reinado de Carlos IV, amigo de Jovellanos, secretario de la Junta Suprema Central, luego ministro de Fernando VII y autor, en 1817, de la reforma hacendística que salvó al Estado de la bancarrota) se encuentran «documentos muy poco conocidos en los que se hace la primera mención expresa a la Nación». Estos documentos los custodia una de sus descendientes, Nuria Alonso, que ha realizado una biografía de Martín de Garay. «Se trata del Reglamento para la Junta -explica De Diego-, que se redactó en octubre de 1808, cuyo Capítulo III se refería a los vocales y en su Artículo I se especifica que los vocales de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, reunidos en cuerpo, representan a la Nación entera, y no individualmente a las provincias de las que son diputados».

Y eso, ¿exactamente qué quiere decir? «Por primera vez en nuestra historia se está diciendo que ésta no es la España de los Reinos, sino la España de la Nación. Además, ya se señala, antes de la Constitución de 1812, que la soberanía reside en la Nación, no en sus partes. Todo lo cual rompe todo este debate populista sobre la Nación de naciones o de nacionalidades, pues estos términos son polisémicos. Pero en lo político, se circunscribe a un significado, y es que la Nación es una, y es España», concluye.

Tulio Demichelli (Madrid): 1808: «La primera mención a la Nación se hizo al formarse la Junta Suprema», ABC, 25 de septiembre de 2008

Memorias de Queipo de Llano, o cómo el general sublevado se enfrentó a Franco

"La historia hay que mirarla desde los dos lados e intentar apartar los sentimientos, incluso en un hecho tan dramático como fue la Guerra Civil". Con esta premisa, el escrito Jorge Fernández-Coppel se ha sumergido en los archivos del general Queipo de Llano, histórico de los sublevados -responsable del levantamiento de Sevilla- para reescribir las memorias de este personaje, odiado o venerado, según la óptica con que se mire, pero clave en la historia española del siglo XX.

Portada del libro

A saber, luchó en la Guerra de Cuba y contra la monarquía de Alfonso XIII. Era íntimo de Primo de Rivera, aunque después se enemistaron y peleó por la República. Medía 1,90 metros y era un hábil espadachín, padre de cuatro hijos. Fue destituido y encarcelado en prisiones militares; y regresó como heróico militar en la II República. Tenía una excelente relación con el presidente Niceto Alcalá Zamora, pero muchos encontronazos con Azaña. "Es un personaje que hubiese encajado mejor en el siglo XIX", resume Fernández-Coppel, autor de 'Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil'.

Todos estos pasos previos se recorrerán en un segundo libro. El que ahora edita la Esfera de los Libros se centra en una etapa clave: la Guerra Civil; en el momento en el que el entonces Inspector General de Carabineros de la II República se suma a los golpistas y en los acontecimientos que se vivieron después. "Los militares que preparaban el golpe no confiaban en él. Al fin y al cabo, era un mando que había luchado para que se instaurase la República. Fue él quien se acercó a Mola, que al principio desconfió", cuenta Fernández-Coppel. Finalmente, se le encomendó la sublevación de Sevilla.

Enfrentamientos con Franco

Durante la guerra estuvo de acuerdo en que Franco fuese nombrado generalísimo, aunque siempre se consideró superior a él. Después llegaron los enfrentamientos. Queipo de Llano no dudó en criticar públicamente las decisiones del mando supremo del Ejército y éste optó por enviarle a un exilio dorado en Roma, lo que le comunicó el 19 de julio de 1939, como se refleja en el libro. Desde allí escribió todo tipo de textos en contra de Franco, también reflejados en la obra.

'Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil' muestra otras curiosidades. Por ejemplo, la carta en la que el propio Queipo de Llano cuenta que avisó a Niceto Alcalá Zamora, de que se estaba preparando la sublevación. O la que, el 3 de junio de 1947, envía a Franco para decirle que no lleva a España bien, que se marche y traiga la democracia. Y desmonta mitos, como el de que era masón o borracho. Muy al contrario, había padecido una enfermedad hepática que le impedía beber. "El personaje histórico tiene que cargar con sus penas y con sus culpas, pero no con otras", sentencia el autor.

Para conocerlas, Jorge Fernández-Coppel ha tenido acceso a los documentos del general que guardaban sus hijos. Estaban en el cortijo de Gambogaz. "Había allí un desorden tremendo y me sorprendió que tenía una gran cultura", recuerda. Tras años sumergido en estos papeles, llega a las librerías su obra.

Memorias de Queipo de Llano, o cómo el general sublevado se enfrentó a Franco, El Mundo, 23 de septiembre de 2008

La mayor fosa común de España

El paso del tiempo ha hecho del Valle de los Caídos una enorme fosa común 50 años después de su inauguración. No se conoce el número exacto de víctimas de la guerra civil que allí reposan. No hay constancia de cómo se realizaron las tareas de enterramiento, ni de la existencia de nichos o columbarios. No hay planos. Buena parte de los restos fueron introducidos desordenadamente en cavidades estructurales del edifico de tal manera que cualquier intento de localización es imposible. Y para remate, el Valle de los Caídos es un complejo edificio regido por un Patronato ficticio que no se ha constituido nunca y una Fundación que carece de miembros. El vacío legal que rodea al mausoleo no tiene parangón con ningún otro edificio público en España.

La cruz del Valle de los Caídos. Bernardo Pérez

Cualquier referencia a los órganos gestores del Valle de los Caídos se remite a decretos de constitución de un Patronato del Valle de los Caídos y una Fundación de la Santa Cruz presididos por Francisco Franco mediados los años 50. La opinión de los historiadores de que aquella obra, cuya construcción duró casi 20 años, fue un empeño personal de Franco es exacta. No hay constancia de actividad en ambas instituciones. Llegada la democracia, ese vacío legal está sin resolver desde hace 30 años.

Los Gobiernos de la democracia han actuado respecto del Valle de los Caídos como si se tratara de una herencia maldita. El Gobierno de Calvo Sotelo dictó una ley reguladora del Patrimonio Nacional en fecha 16 de junio de 1982 y evitó referirse al Valle de los Caídos expresamente (lo citaba como el monumento derivado del decreto ley de 23 de agosto de 1957). El Valle de los Caídos no constaba en el listado de edificios pertenecientes a Patrimonio Nacional, organismo dependiente de Presidencia del Gobierno, aunque había una referencia a este monumento en una disposición adicional. Tiempo después, un real decreto del Gobierno socialista de 25 de enero de 1984 creaba una comisión encargada de elaborar el régimen jurídico de los bienes adscritos al Valle de los Caídos. Pero esa comisión, formada por representantes de varios organismos, nunca se reunió. Ninguna otra disposición legal sobre este monumento se ha producido desde entonces. Jurídicamente, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según expertos consultados, no existe aunque se la mencione reiteradamente. Tampoco el Patronato.

El Gobierno desconoce, por tanto, todo cuanto afecta a los restos de víctimas allí depositados. Patrimonio Nacional no dispone de los planos originales del Valle de los Caídos, "que deben de estar en poder de la familia del arquitecto Diego Méndez", según fuentes de dicha institución.

Muy pocos historiadores han investigado el traslado de víctimas de la guerra civil al Valle de los Caídos, hecho del que existen pocas referencias bibliográficas a pesar de que fue una operación a gran escala diseñada desde el ministerio de la Gobernación a partir del 30 de diciembre de 1957, que es cuando hay constancia documental de una primera referencia oficial al traslado de restos mortales. Alguna documentación está depositada en el Archivo General de la Administración (AGA) pero es incompleta.

A partir de ese momento, se suceden decretos y órdenes dirigidas desde Gobernación a los Gobiernos civiles, Ayuntamientos y Guardia Civil. La decisión inicial de contar con la autorización de los familiares para el traslado de sus restos se deja a un lado con posterioridad, a la vista de las reticencias (incluso la oposición) de familiares de los caídos en el bando de Franco. Se tiene constancia de numerosas negativas a dicho traslado. Las más destacadas fueron las de los familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama, y de los descendientes de personalidades de renombre como Calvo Sotelo y Arturo Soria. Se produjo entonces una orden de exhumación masiva de fosas comunes, a partir de datos procedentes de gobiernos civiles, ayuntamientos e incluso cementerios parroquiales. Esa exhumación masiva y desordenada es la causa de que todavía sea imposible establecer una cifra exacta de restos inhumados en el Valle de los Caídos. El listado elaborado a mano que custodian los benedictinos señala un total de 33.847 entradas de restos, de los cuales unos 20.000 están sin identificar. De ahí que, aún hoy, se cite que puede haber en el Valle de los Caídos entre 40.000 y hasta 60.000 restos de víctimas. No hay precisión sobre el número que corresponden al bando republicano. Tampoco de las que corresponden a fallecidos en ejecuciones.

Finalmente, no existe constancia de cómo se realizaron las tareas de enterramiento. No hay datos sobre las empresas que hicieron esa labor o los operarios que intervinieron en la inhumación.

Buena parte de los restos fueron introducidos en cavidades con la obra todavía inacabada, según fuentes de Patrimonio, de tal forma que los restos "terminaron formado parte de la estructura del edificio". Las cavidades fueron selladas y son inaccesibles. El único resultado de esta confusa explicación es que cualquier intento de recuperación de algún resto es tarea imposible. "Hay cavidades que son materialmente inaccesibles y otras que están selladas desde hace 50 años. La presencia de fuertes humedades habrá hecho el resto".

En los últimos años, decenas de familiares han solicitado información sobre la ubicación de los restos de sus antepasados. Patrimonio se ha limitado a dar la información que consta en el libro manuscrito, incluso datos aparentemente precisos sobre un número de columbario. Pero estos datos no se corresponden con ningún plano. Ese hecho es extensivo a todos los restos allí depositados. La intención de algunos familiares de recuperar restos "es irrealizable" afirman en Patrimonio.

Luis Gómez (Madrid): La mayor fosa común de España, El País, 21 de septiembre de 2008

Poco control y a distancia

Patrimonio Nacional gestiona algunos aspectos del Valle de los Caídos, tales como el mantenimiento del edificio, la venta de entradas o la seguridad. No ejerce ningún control sobre la basílica, la hospedería, el centro de estudios o la escolanía, cuya gestión depende de los monjes benedictinos, "que darán cuenta a sus superiores de cuanto allí realizan", afirma una fuente de Patrimonio. La relación entre benedictinos y Patrimonio es correcta pero distante.

Sobre los actos que allí se celebran, Patrimonio sólo ejerce un control "por razones de seguridad" de los relacionados con el 20-N. Para dichos actos, de contenido político y exaltación del anterior régimen, sí hay una serie de limitaciones y se ejerce un control de acceso de visitantes. El resto del año son los benedictinos quienes disponen de cuantas misas y eventos se organizan en el interior. Lo mismo sucede con la gestión de la escolanía y de la hospedería. El pasado 14 de septiembre se celebró en la basílica un acto religioso en conmemoración de los 50 años de la inauguración del mausoleo, acto presidido por Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que pasó totalmente inadvertido.

Luis Gómez (Madrid): Poco control y a distancia, El País, 21 de septiembre de 2008

«Las condiciones de la Transición hicieron que la hegemonía del PSOE sea definitiva»

Historiador, militante del PSUC durante la Transición, hoy profesor de Historia Contemporánea de la Autónoma de Barcelona, Ferran Gallego ha dedicado buena parte de su obra al estudio de la extrema derecha y el fascismo en España y Europa. Ahora Crítica pone en manos de los lectores El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), un extenso ensayo (836 pp.), tan irritante a trechos como incorrectamente político, en el que denuncia los pecados originales de nuestro actual sistema político.

El historiador comienza señalando a ABC que «la Transición no empieza con la muerte de Franco, sino que se corresponde con la «crisis orgánica» del régimen a partir de la muerte de Carrero; crisis que anima los proyectos «asociativos» de Arias, que son un intento de pluralismo interno del régimen y que coinciden con la organización de la oposición en organismos unitarios como la Junta y la Plataforma en 1974».

El impulsor del espíritu del 12 de febrero «se encuentra en un territorio de extrema ambigüedad entre sus lealtades personales y Arias se pregunta si está siendo leal al régimen... Pero allí también había otros reformistas, por ejemplo, Utrera Molina, quien reivindicaba la vigorización de la democracia orgánica que, según él, no se había desarrollado. Luego estuvo el proyecto de Fraga -una democracia limitada- durante el primer gobierno del Rey, y que yo creo que era el monárquico, porque dura mucho, aunque fracasa por la gran movilización de la calle durante el primer semestre de 1976».

Un afirmación dudosa, pues autores tan poco sospechosos como Javier Tusell han interpretado que el paso de ese proyecto en la comisión mixta fue para dar tiempo al proyecto de Fernández-Miranda y Suárez. «No se sabe dónde está Suárez ni tampoco dónde están las Cortes, pues ofrecen mucha más resistencia al proyecto de Fraga -el 40 por ciento vota en contra- que al de Suárez. Yo creo que la mayor parte del aparato del régimen era reformista y que se magnificó el inmovilismo para magnificar el reformismo. Se desplaza la contradicción «reforma o ruptura» a «inmovilismo o reforma». Pero, ¿quiénes eran los inmovilistas? Blas Piñar o Girón no creo que tuvieran detrás ni siquiera a Franco, que había dicho que Piñar era un... exaltado».

«Del Poder al Poder»

Para Gallego, el «mito» que titula su libro son varios mitos. Entre ellos, se encuentra el de haber ido «de la ley a la ley cuando se fue del poder al poder». Asimismo mítico fue el protagonismo casi exclusivo del Rey y de Adolfo Suárez, cuando «se trató de un proceso histórico complejo, con proyectos distintos dentro del régimen; y en el exterior, con movilizaciones de la oposición y conflictos durísimos en los que hubo muertos, y que llevaron a un proyecto constituyente como resultado de unas elecciones en las que la izquierda mostró una fuerza superior a lo que el gobierno esperaba. Y la derecha mostró una potencia mayor de lo que la izquierda creía. Una situación que llevó a cierto empate técnico debido a una correlación de debilidades».

Admite el autor que «los españoles estaban votando por un cambio sin riesgos y no por una ruptura. La izquierda, por su parte, pensaba que a la muerte del dictador el régimen se iba a colapsar; entonces la gente saldría a la calle ese buen día porque todo el mundo estaba por la ruptura menos unos cuantos militares y algún cura. Eso, que alimentaba el llamado «Pacto por las libertades», fue algo que el PCE pagará muy caro y el PSOE no, aunque pensaba lo mismo».

Pero la debacle comunista también se debió a otros factores. «Felipe González no quería una salida a la italiana, en la que la fuerza de la izquierda estuviera compartida entre PSOE y PCE. Así, la capacidad táctica de Felipe primero pasa por cargarse a los otros socialistas, como el PSP de Tierno. Luego, el éxito rotundo del PSOE pasaba por laminar completamente al PCE. Esa estrategia se emprende antes de la muerte de Franco, con la Plataforma por una parte, la Junta por otra. Y ya cuando se integra la Platajunta, ésta no impulsa un programa de coalición, sino un acuerdo para ponerse a negociar las elecciones con el gobierno. Y es que Felipe prefiere que las gane UCD si el PSOE se convierte en el gran partido de la izquierda».

A lo largo del libro, Gallego deslegitima a los reformistas por su vinculación al régimen franquista, que funda su legitimidad en la «victoria» del 39, y de paso, al Rey, que en principio encarna a la Monarquía del 18 de julio. «La suya tenía que ser una legitimidad de proyecto. No una legitimidad del pasado: ni dinástica, que la tenía Don Juan, ni franquista, que era impresentable. El Rey aparece como el gran elemento que permite la fusión de campos. La fusión de campos que se lo creen porque el Rey va hacia allí (a la reforma), y de los que están con él porque se debe aceptar la orden (que da Franco) de apoyarle».

Lo que abre la vía a otro mito, el de que se han convocado Constituyentes. «Suárez no se plantea hacer una Constitución». Y eso a pesar de que Gallego distingue que no se aprueba «una Ley de la Reforma sino para la Reforma Política», lo que implica que esa tarea la harán las Cortes que se elijan.

Partido reformista institucional

Y ahí surge otro problema. Y es que a partir de ese momento las cosas podrían haberse hecho de otra forma, como pedía la oposición: un gobierno de coalición o de personalidades que garantizara la limpieza del proceso y diseñara la ley electoral. «Lo que sí hace el Movimiento es crear un partido gubernamental, reformista institucional, que le permita controlar el cambio y aglutinar a los sectores que querían un cambio sin riesgos. Todo se hace de una forma impecable pero lo cierto es que el mapa político que van a crear las elecciones lo fijan Suárez y UCD en condiciones dudosamente democráticas. Aunque luego no conseguirán la mayoría absoluta para determinar el contenido de la Constitución».

Este libro aparece en un clima de revisionismo histórico en el que se ha llegado a hablar de la necesidad de una «segunda Transición». «Pero eso antes que Zapatero ya lo dijo Aznar. En fin, la Transición se hizo con un consenso puntual y lo que no podemos es convertir la vida política en un consenso permanente del que se expulsa al que no esté de acuerdo por haber perdido las elecciones, o al que se ha vuelto loco por ganarlas. Hay que mantener, eso sí, el consenso constitucional que va acompañado del derecho de reformar la Constitución cuando al pueblo español le dé la gana. Y reconocer que hubo quien ganó y quien perdió. Las condiciones de la Transición hicieron que la hegemonía del PSOE sea definitiva...»

Pero no eterna... «Decir «definitiva» es la forma laica de decir «eterna»», ironiza.

Tulio Demicheli (Madri): «Las condiciones de la Transición hicieron que la hegemonía del PSOE sea definitiva», ABC, 19 de septiembre e 2008

Juicio a la barbarie

El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliado.

Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Cadáveres en una calle de Sevilla, tres días después de estallar el golpe de 36. EFE

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

"Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.

"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.

El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.

Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".

Luis Gómez y Natalia Junquera: Juicio a la barbarie, El País / Domingo, 14 de septiembre de 2008

Víctimas apócrifas de la Guerra Civil en Córdoba

Es un lugar común afirmar que la primera víctima de la guerra es la verdad. En Córdoba, la primera víctima de la Guerra Civil fue la inocencia. La de una niña de cuatro años llamada Concepción Sánchez Marfil. Ella estrenó la fosa común del cementerio de la Salud el 27 de julio de 1936, diez jornadas después de que estallara el conflicto armado. La pequeña falleció días antes en el extinto Hospital de Agudos de la ciudad a consecuencia de los hachazos que le propinaron en la cabeza elementos republicanos en Almodóvar del Río el 23 de julio, según las pesquisas que ha seguido Patricio Hidalgo Luque, un investigador que ha elaborado una extensa base de datos que documenta la muerte de 2.416 personas en Córdoba capital durante la contienda fratricida. Esta relación excluye a los soldados caídos en el frente.

El bando, según el ejecutor

Basado en datos del Registro Civil, los libros de los cementerios de la Salud y San Rafael, las noticias y los partes de la Prensa local y los archivos de la prisión, el exhaustivo trabajo de Hidalgo huye de los partidismos y de las ideas preconcebidas. «Al plantearme estudiar las víctimas de la Guerra Civil en Córdoba -afirma el investigador- me propuse incluir a todas, independientemente del bando a que pertenecieran, lugar de la muerte o cualquier otra circunstancia». «La única condición era que su muerte estuviese documentada de alguna manera en Córdoba: las he diferenciado como «R» (republicanas) o «N» (nacionales) , sin que ello conlleve la adscripción de la víctima a ese bando, sino simplemente el bando que le dio muerte», añade Patricio Hidalgo.

La honestidad intelectual y la minuciosidad de datos que caracterizan su investigación ponen de manifiesto que la elaboración de un censo de caídos en el conflicto bélico entre 1936 y 1939, como pretende hacer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, es una tarea que siempre quedará incompleta o, al menos, sometida permanentemente a la aparición de nuevas fuentes de información.«Ni todos los muertos que yacen en las fosas comunes de los cementerios cordobeses son fusilados ni todas las víctimas del bando nacional han sido reconocidos», declaraba el investigador en una entrevista que publicó este periódico el pasado viernes. Es más, en los registros de las fosas comunes y en los de fallecidos por fusilamiento aparecen, tal y como ha demostrado Hidalgo, personas que en realidad nunca fueron ejecutadas. Simplemente, huyeron de la ciudad al estallar la Guerra porque temían por su integridad o, en ocasiones, salieron vivas de la tapia del cementerio pero, sin embargo, fueron contabilizadas como si el tiro de gracia hubiera sido certero. Las historias de estos supervivientes son similares a la que ABC relató el pasado miércoles 3 de septiembre sobre Eugenio de Azcárraga, un alferez del Ejército de Franco que fue dado por muerto y figura en las listas de inhumados en el Valle de los Caídos. «Si Garzón quiere saber qué hago enterrado en el Valle de los Caídos, que me llame», declaró este ex combatiente.

Parecido fue el caso de un conductor del Regimiento de Artillería de Córdoba llamado Carmelo Lavadía. Igual que Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange Española que fue fusilado por tropas republicanas a final de la Guerra en Cataluña pero escapó con vida, Lavadía sobrevivió al paseo que le dieron para acabar con sus días. «Lo hicieron prisionero junto a otros conductores de su regimiento, y salió vivo de la ejecución, pero no se dieron cuenta y lo anotaron como muerto», relata Hidalgo. «Este señor vivió muchos años después de la Guerra, hasta el punto que se jubiló como trabajador del matadero municipal», añade el estudioso. Carmelo Lavadía falleció hace no muchos años. Sin embargo, el nombre de este conductor -no era militar profesional, sino un civil que prestaba sus servicios al Ejército por su destreza en el manejo de camiones- está incluido en el listado de bajas de un libro editado al final de la contienda por el regimiento al que pertenecía, en el que se detallan tanto los hechos de armas en los que participó su unidad como los caídos en el conflicto.

Regimiento de Artillería

Patricio Hidalgo ha dado con más casos de este mismo tipo. El de Vicente Lombardía es uno de ellos. Dueño de unos laboratorios farmacéuticos ubicados en la calle San Pablo, el nombre de este ciudadano aparece en el listado de la prisión provincial como fusilado. Nunca fue ejecutado. El investigador indica que «la última pista que tengo de él se sitúa en Alcañices, provincia de Zamora: ahí fue donde lo desterraron [las autoridades militares] y allí estuvo bajo la tutela del Gobernador Civil de Zamora para que no se moviera hasta nueva orden».Pero por qué incluyen a este ciudadano la mayoría de los listados de fusilados y desaparecidos de la Guerra, como los que ha realizado Francisco Moreno Gómez. La respuesta la da Patricio Hidalgo: «Porque en el Registro se le hace una declaración legal de muerte, porque pasaron años sin que diera señales de vida una vez que fue desterrado a Zamora». Al parecer, la familia decidió con el paso del tiempo inscribirlo como desaparecido en los listados oficiales, con el fin de poder disponer de sus bienes. «Más allá de lo que acabo de contar, no he logrado saber qué pasó con ese hombre», señala Hidalgo.

De Francisco Morales Valverde sí hay más datos y su historia se puede recomponer con más precisión. Dado por fusilado en la mayoría de los estudios, el investigador que ha facilitado a ABC las historias que se relatan en este artículo ha demostrado que Morales salió huyendo de Córdoba en cuanto estalló la Guerra. Temía por su vida. «Morales escapó de la ciudad por la Sierra, por donde entonces era sencillo esconderse porque no había parcelaciones como ahora». Consiguió llegar a Madrid, donde tenía familia, que lo acogió. Desde allí mandó una carta a través de la Cruz Roja a su esposa, diciéndole que estaba bien. En la misiva le envió también una foto vestido de carabinero de la República, cuerpo al que acababa de alistarse. Hidalgo ha visto esa foto, que conserva la hija de Morales, que nunca conoció a su padre. Cuando huyó, su esposa estaba embarazada. La hija supo por Hidalgo en qué fecha aproximada murió su progenitor. Hasta entonces le daba una misa en el aniversario de su huida de Córdoba, que es el día que ella contaba como el de fallecimiento. «Morales sale en el Boletín Oficial del Instituto de Carabineros, que yo consulté a través del Archivo de Salamanca: asciende a cabo y a sargento a título póstumo», indica el investigador. Su muerte coincide con la batalla de Brunete. Murió entre Las Rozas y El Escorial; en una carretera que une ambos núcleos estaba desplegada su unidad en junio de 1937. Allí le mataron, en pleno combate, no fusilado. Su familia no sabe dónde está enterrado.

Rafael A. Aguilar (Córdoba): Víctimas apócrifas de la Guerra Civil en Córdoba, ABC /Córdoba, 7 de septiembre de 2008