Juicio a la barbarie

El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliado.

Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Cadáveres en una calle de Sevilla, tres días después de estallar el golpe de 36. EFE

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

"Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.

"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.

El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.

Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".

Luis Gómez y Natalia Junquera: Juicio a la barbarie, El País / Domingo, 14 de septiembre de 2008

La historia oral de la guerra llega a juicio

¿Hasta dónde se puede llegar a la hora de investigar el turbio pasado de la Guerra Civil? ¿Es más importante conocer lo que ocurrió, y hacerlo público, o abstenerse para respetar el honor de los descendientes de episodios tan poco edificantes? ¿Qué margen tienen las víctimas, que pasaron años de humillación y oprobio, para recuperar una dignidad que la dictadura les escamoteó? ¿Hay algún consuelo en conocer la verdad? ¿Qué peso tienen los documentos que se conservan de la represión, con juicios sin garantías jurídicas y con testimonios arrancados en una atmósfera de miedo a una autoridad implacable? ¿Y qué crédito dar a los testimonios orales de los supervivientes que, en muchos casos, no pudieron hablar hasta fechas recientes?

Hace unos meses, el Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, en Galicia, absolvió al historiador Dionisio Pereira que había sido acusado por los descendientes de Manuel Gutiérrez, alcalde de Cerdedo durante el franquismo, de no querer rectificar para salvar el honor de sus antepasados las conclusiones que hizo públicas en 2003 en un libro colectivo sobre la represión franquista. Basándose en testimonios orales, Pereira señalaba ahí la presunta implicación de Gutiérrez, y de Francisco Nieto, entre otros, como "participantes o instigadores" en los actos que acabaron en agosto de 1936 con la vida de seis personas en la comarca de Cerdedo.

La decisión de absolver a Pereira la tomó el juzgado, recurriendo a abundante jurisprudencia para defender sus derechos constitucionales de libertad científica y de opinión "en el terreno histórico". La familia de Manuel Gutiérrez ha recurrido y el caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Con el peligro de que nuevos recursos, si el fallo es semejante, lleven a Pereira a instancias jurídicas superiores, conduciéndolo a un temible calvario judicial. Con la voluntad de defender su trabajo, el pasado 20 de mayo un documento dirigido al presidente del Gobierno y a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado manifestaba a través de la Red la solidaridad de una serie de historiadores con Dionisio Pereira. Entre los 349 firmantes figuran Paul Preston, Sebastián Balfour, Ángel Viñas o Nicolás Sánchez-Albornoz, y numerosos historiadores latinoamericanos (muy sensibles a los horrores de sus propias dictaduras). La iniciativa la puso en marcha la red gallega e internacional Historia a Debate, que preside Carlos Barros, que encabeza la lista de firmantes.

Terra de Montes, provincia de Pontevedra, 11 y 13 de agosto de 1936. El enfrentamiento que ha partido en dos a España desde el 18 de julio llega a ese remoto rincón de Galicia. Es zona de canteiros y, frente a otros lugares más conservadores, allí las ideas socialistas han encontrado terreno abonado. Los falangistas del lugar, las autoridades y la Guardia Civil no los ven con buenos ojos. Reclaman que detengan a unos cuantos. Al final son cuatro habitantes de Cerdedo y dos de Soutelo de Montes los que son conducidos al cuartel de Pontevedra. Una noche desaparecen por el monte, luego aparecen muertos.

Lo que Dionisio Pereira ha hecho ha sido volver sobre ese episodio de los días más cruentos de la Guerra Civil, cuando uno y otro bando se habían enganchado a una espiral de violencia gratuita y desbocada. Los ganadores de la contienda pudieron en su día rendir honores a los suyos que murieron en aquellas terribles jornadas. Los perdedores en muchos casos no saben aún, o no han sabido hasta ahora, dónde están los suyos, quiénes los mataron, cuándo, por qué. No hay documentos. El único camino que queda es la historia oral, los recuerdos de los pocos que quedan que estuvieron allí.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007 tras un largo calvario de negociaciones, malentendidos, críticas y polémicas, sentó finalmente las bases para que los poderes públicos llevaran a cabo políticas dirigidas al "conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática". Lo que el documento de los historiadores señala es que, precisamente por los efectos de esta ley, los juicios contra los historiadores podrían intensificarse. Así que piden que "se añada una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la Guerra Civil y el franquismo, basándose en fuentes históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías correspondientes, sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico".

"La situación no se ha normalizado aún en este país", explica Dionisio Pereira. "Quizá en Madrid, Barcelona, Vigo, pero en los pequeños pueblos y aldeas sigue sin reconocerse la dignidad moral de las víctimas". Hay en muchos lugares resistencias evidentes a prescindir de los símbolos del franquismo, a cambiar los nombres de las calles, a facilitar la investigación en fosas comunes y a abrir las puertas a los historiadores para que hagan su trabajo con libertad.

Pereira ha recuperado en un escrito situaciones análogas a las suyas: Emilio Silva y Santiago Macías soportan varios procesos judiciales por su libro Las fosas de Franco; un trabajo de Alfredo Grimaldos sobre la sombra del dictador durante la transición ha sido denunciado por la familia del ex ministro Juan José Rosón; la escritora asturiana Marta Capín fue absuelta de la acusación de los familiares de un falangista mencionado en su obra Los crímenes de Valdediós, que cuenta lo que ocurrió en aquel sanatorio de Villaviciosa cuando entraron en él las tropas franquistas; un juez de Cambados, en fin, ha cerrado la página web donde estaban volcados los escritos de un comunista de O Grove, en los que daba los nombres de los que llevaron a cabo las represalias en aquella pequeña villa de las Rías Bajas.

¿Cómo recuperar el pasado? Mejor, ¿cómo recuperar un pasado lleno de sangre? "Ningún notario firmará nunca un paseo", dice el historiador gallego Emilio Grandío Seoane, que ha dirigido el volumen colectivo Años de odio sobre el golpe militar, la represión y la Guerra Civil en A Coruña. "El debate surge cuando se plantea, de un lado, cuál es la verdad judicial, y de otro, cuál es la verdad histórica. Jurídicamente sólo cuenta lo que tiene detrás unos papeles. Entonces los que murieron en los paseos y fueron enterrados en fosas comunes sin registro alguno, ¿qué ocurre, que no existieron?".

Grandío no tarda mucho, sin embargo, en señalar que desconfía mucho de reconstruir lo que pasó utilizando como única fuente los testimonios. "Hay que buscar la mayor cantidad de filtros posibles, cruzar los testimonios, buscar apoyaturas escritas (registros civiles y de las cárceles, causas militares, consejos de guerra, fichas sanitarias...), localizar los lugares que puedan conservar los restos de los desmanes, ir a los papeles que den pistas de lo que pudo pasar. Hay que ser prudentes y rigurosos".

Prudente fue, desde luego, Juan Carlos Carballal, juez de Cambados, cuando ordenó cautelarmente cerrar la web en la que Fabien Garrido había volcado los escritos que encontró en Nantes de su padre, Ramón, un combatiente antifascista que tuvo que exiliarse en Francia. En aquellas páginas, escritas a mano por el que fuera marinero y comunista, implicaba directamente en la represión franquista al alcalde de O Grove, Joaquín Álvarez Lores. Hubo denuncia de dos hijos de éste, y el juez cerró la web hasta que tenga lugar el juicio, "para proteger el honor de los descendientes", explica. "Mi trabajo no es el de valorar un trabajo histórico. Debo simplemente resolver, en función de los argumentos de las partes, cuál de estos dos derechos fundamentales pesa más: si el derecho de un investigador a saber lo que ocurrió o el derecho a salvaguardar el honor de unas personas. Hay además ahí otra cuestión: ¿puede ese derecho pasar a sus descendientes?".

"Decir que Franco es un criminal es una cosa; decir que lo fue Fulano de Tal, con nombres y apellidos, es otra muy distinta y mucho más delicada. Es, por otro lado, diferente señalar al represor de una gran ciudad que hacerlo con el de una pequeña localidad", comenta el historiador Julián Casanova, uno de los autores de Víctimas de la guerra civil (Temas de Hoy), el volumen que coordinó Santos Juliá y que daba cifras rotundas de la magnitud de la represión. "Los lazos familiares son ahí mucho más estrechos y las lealtades primordiales más fuertes, así que no es difícil que los investigadores sean denunciados al hacer públicos los nombres de los represores".

"Los historiadores no pueden certificar lo que ha ocurrido", explica el historiador José Álvarez Junco, que ha seguido muy de cerca los avatares de la Ley de Memoria Histórica. "No pueden establecer una verdad oficial. De eso se encargan los jueces. Lo que los historiadores hacen es investigar en las fuentes más diversas para poder argumentar que, después de comprobar en muchos y diferentes testimonios, las cosas con gran seguridad ocurrieron de tal y tal modo".

La paradoja que se da al volver sobre el pasado es justamente la de valorar la veracidad de los documentos. Cuando hay una dictadura de por medio, muchos de los testimonios escritos que se conservan de esa época podrían haberse obtenido bajo coacción. Pero están ahí, en unos papeles oficiales. Los testimonios orales, en un clima de libertad, acaso se ajusten más a la verdad, pero son palabras dichas muchos años después. "Desde un punto de vista historicista, la mejor prueba oral es peor que la peor de las escritas", explica Julián Casanova a propósito de esta cuestión. "Los ganadores de la guerra estaban sin embargo tan convencidos de haber acabado con el mal, y de ser ellos los portadores del bien, que dejaron muchas huellas de sus desmanes: juicios sin garantías, fusilamientos, expropiación de los bienes de los derrotados... Dejaron las pistas incluso escritas, y por eso se ha podido conocer la envergadura del terror que generó la dictadura franquista", añade.

Los historiadores desde hace ya un tiempo han desentrañado los mecanismos de terror que se pusieron en juego durante la Guerra Civil y que se prolongaron en la dictadura, explica Casanova. "Saber que un cura delató a un republicano en un pequeño pueblo no va a cambiar la manera en que se sabe que funcionaron los mecanismos de la violencia", dice. "El problema siguen siendo los meses del terror caliente, en el verano de 1936, cuando se produjeron los mayores desmanes al margen de registro alguno. Hay unas 20.000 personas que fueron víctimas de los ganadores que no están identificadas".

Quizá las investigaciones sobre testimonios orales no cambien nuestra mirada sobre la historia reciente. En términos sociales, sin embargo, la reparación moral que reclaman las víctimas, y sus descendientes, es la energía que alienta a tantos historiadores a buscar la verdad para cerrar definitivamente las heridas de aquella terrible guerra.

La desidia de los archivos

Primitiva López tiene 97 años, vive en El Toboso, un pequeño pueblo de La Mancha. Casada con un soldado republicano que murió en el frente, fue detenida al terminar la guerra y luego acusada de complicidad con el bando leal. Fue recluida en la prisión de Ocaña, donde pasó unos años, y después fue desterrada a Valencia (donde todavía pasa ahora algunas temporadas). Cuando pudo regresar a su pueblo, tuvo que pelear para recuperar la casa de sus padres, que las autoridades estaban a punto de quitarle. Ha pedido a su sobrino que solicite el consejo de guerra que la llevó a la cárcel, y le estropeó tantos años de vida, para saber quién la denunció, de qué la acusaban, por qué tuvo que pasar tanto tiempo entre barrotes.Ese documento tienen que facilitárselo a Primitiva López en el Tribunal Militar Territorial número 1 de Madrid. "Se conservan allí alrededor de medio millón de consejos de guerra", explica el periodista Pablo Torres (Premio Ortega y Gasset por sus imágenes del 11-M), que está a punto de terminar Los años oscuros en Miguel Esteban, donde reconstruye lo que ocurrió en ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha durante la Guerra Civil y la dictadura. En ese archivo, cuenta, está el consejo de guerra a Miguel Hernández ("a punto de deshacerse por el uso y su mala conservación"). El caso es que allí "las peticiones se acumulan y los funcionarios no dan abasto".Un problema de los historiadores de nuestro pasado reciente es que los denuncien los herederos de los presuntos represores. Otro problema distinto son los archivos. Pablo Torres ha tenido que esperar entre 9 y 18 meses para que le entregaran algunos documentos que había solicitado. Era de tal magnitud la demora que durante un tiempo pensó que había una voluntad explícita por parte de las instituciones para que no se removieran aquellos lodos, e incluso se dirigió al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial para manifestar sus quejas. Ahora ha entendido que, en ese archivo, el problema no es político sino burocrático. Tiene que ver más con una novela de Kafka que con un poema de Brecht.Lo suyo es la microhistoria. Quiere saber lo que pasó en Miguel Esteban, el pueblo en el que nació. En un caso, ha topado con problemas burocráticos. En otro, directamente lo ignoran: "Hay mucha información en el archivo histórico del penal de Ocaña, pero obtener documentos allí es imposible". Pablo Torres explica que "no hay forma de ver ese archivo para conocer su estado de conservación" y que exigen para facilitar la información "muchos datos del expediente que solicitas". Y añade: "Si solicitas un expediente es precisamente para saber más y lo único que tienes, a veces, es simplemente el nombre del que estuvo preso"."La información sobre la guerra está dispersa en múltiples archivos", cuenta Pablo Torres. "Y cuando la encuentras, muchas veces faltan muchas hojas: alguien se las llevó. Recurrir a los testimonios orales es también una gesta. Todo el mundo que era de izquierdas tuvo que abandonar Miguel Esteban y emigrar. De pronto descubres que alguno vive en Getafe, otro en Rivas. Luego viene la siguiente complicación: les cuesta hablar. Sienten un gran pudor para reconocer que los pegaron y los humillaron".Ninguno de estos dos archivos con los que ha trabajado Pablo Torres está digitalizado. "En el TMT número 1, las fichas y los expedientes están en sitios diferentes, y muchos se están pulverizando, por viejos, o se están convirtiendo en ladrillos de celulosa, al pegarse unas hojas con otras".

José Andrés Rojo, La historia oral de la guerra llega a juicio, El País, 2 de junio de 2008

Vergüenza en Alicante

En Campo de los almendros (México, 1968), tal vez la mejor novela del exilio español, Max Aub cuenta magistralmente, con técnica casi cinematográfica no ajena a la de Manhattan Transfer, el pánico y el caos de los últimos días de la Guerra Civil en Alicante... y el horror de los que les siguieron.

En vísperas del contundente parte final de la contienda del 1 de abril de 1939, caído ya Madrid, abarrotaban los muelles del puerto de Alicante muchos miles de republicanos que esperaban con creciente desesperación la llegada de los barcos anunciados que les librasen de la inevitable vesania franquista. Los barcos no llegaron, pero uno que ya estaba allí, el carguero británico Stanbrook, se ganó un lugar inmortal en los anales de la decencia humana debido a la valentía y generosidad de su comandante, Archibald Dixon, que acogió a bordo nada menos que a 3.028 hombres, mujeres y niños y zarpó con ellos rumbo a Orán. Algunos de los que hicieron la travesía la han recordado, con honda emoción, en el excelente documental de Joan Sella para RTV, Cautiverios en la arena. Una historia del exilio, que se incluyó en la serie El laberinto español, conducida por Jorge M. Reverte y emitida el año pasado.

A los que no lograron escapar de la ratonera alicantina -y que no optaron por el suicidio, que hubo muchos, como narró en su momento el testigo presencial Eduardo de Guzmán-, les esperaban, entre otros paraderos siniestros, el infierno del campo de concentración que daría su nombre a la mencionada novela de Aub. Un documento de los nacionales fechado el 3 de abril de 1939 ya daba fe de las espantosas condiciones que existían en aquel lugar de infausta memoria, situado en la carretera de Alicante a Valencia entre La Goteta y Vistahermosa.

En noviembre de 2004, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó al Ayuntamiento, con mayoría absoluta del Partido Popular, un monumento que recordara el trágico fin de la Guerra Civil en la ciudad. Al día siguiente, el Pleno acordó por unanimidad crear una comisión temporal para estudiar el asunto. Ante la prolongada inactividad de la misma, la Comisión Cívica solicitó, en mayo de 2006, una parcela concreta de suelo público en Los Almendros, de unos mil metros cuadrados, acompañando la necesaria documentación. La solicitud fue reiterada cuatro veces a partir de entonces y hasta finales de 2007, sin ser atendida por el Ayuntamiento. Entretanto, la Comisión Cívica consiguió una subvención del Gobierno de España para edificar el memorial, subvención que vencerá a finales de marzo de 2008.

El domingo 20 de enero de este año se convocó una manifestación en el Campo de los Almendros -hoy en día mayormente urbanizado- con la finalidad de reclamar, una vez más, la construcción del memorial. Según el testimonio de varios presentes, fue un acto emotivo: hablaron algunos supervivientes del campo (ya quedan pocos) de su experiencia de aquellos terribles días, y luego se plantó un simbólico almendro florecido.

Pocas horas después el árbol fue arrancado. Sobre el cartel que lo acompañaba algún energúmeno había pintado la palabra "asesinos" al lado de una esvástica.

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, preguntado por su opinión acerca del proyecto, manifestó: "La culpa la tienen ellos, porque, ¿a quién se le ocurre pedir una subvención sin tener previamente el permiso del Ayuntamiento?". "¿Entonces se construirá el memorial?", insistió el periodista. "Cuando Dios quiera", repuso el edil. Así es el talante del Partido Popular en Alicante, y ello a las pocas semanas de aprobada en las Cortes la llamada Ley de la Memoria Histórica.

Comentando el triste asunto en la sección Cartas al director de este diario (EL PAÍS, 13 de enero de 2008), Juan Manuel Menéndez de las Heras recriminó a los populares alicantinos, con razón, su falta de sentido de la solidaridad, de la justicia y de la humanidad. ¿Sería demasiado esperar a estas alturas que reconsiderasen, que rectificasen? Quiero creer que no. Si fuesen capaces de hacerlo sería no sólo un acto de valentía, sino el mejor homenaje posible al espíritu de reconciliación de la Constitución de 1978. Y también a Max Aub, escritor cada vez más admirado en España y fuera, que tiene en tierras levantinas, concretamente en Segorbe, la fundación que lleva su nombre.

Ian Gibson (hispanista), Vergüenza en Alicante, El País, 9 de marzo de 2008

El cadáver de Andreu Nin podría estar en una fosa común hallada en febrero en Alcalá de Henares

La Fundación Andreu Nin considera que tendría "cierta lógica" que el cadáver del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) secuestrado y asesinado en 1937 figurara entre los restos óseos de la fosa común hallada en febrero durante una obras en la Unidad de Servicios de Base (USBA) Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, según fuentes de la Junta Directiva de la organización consultadas por Europa Press.

"Como mínimo, no se puede confirmar pero no es totalmente descartable. Tiene una cierta lógica", aseguraron las citadas fuentes, tras explicar que esa hipótesis puede tener "elementos" a su favor, como que cerca de la Brigada Paracaidista estaba el chalet usado por el general republicano Hidalgo de Cisneros y su mujer y en que Nin pudo haber estado confinado a mediados de junio de 1937 antes de que le mataran. Señalaron además que los análisis forenses de los restos óseos han comenzado este jueves y que esperan que "en los próximos días" se consigan los resultados.

No obstante, las fuentes afirmaron que este extremo sería "un poco contradictorio" con las conclusiones del documental de la televisión catalana TV3 'Operación Nikolai", en que personas que participaron en el secuestro de Nin aseguraron que le dejaron en la carretera que une las localidades madrileñas de Perales de Tajuña con Alcalá.

Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que la Fundación Nin, en que colabora una de las nietas del líder del POUM, ha mantenido esta semana contactos con los ministerios de Presidencia y de Defensa para interesarse por la investigación abierta por el Juzgado Togado Territorial número 11 y les ha transmitido su deseo de ser "parte actuante" en las indagaciones en curso. "Colaboraremos y actuaremos obviamente con un interés clarísimo de ver si entre los restos se encuentran los restos de Andreu Nin", señalaron.

Los departamentos dirigidos por María Teresa Fernández de la Vega y José Antonio Alonso respondieron a la fundación que contarán con su participación en el proceso de investigación y les irán informando, teniendo en cuenta que si se confirma que el cadáver de Nin figura entre los restos les facilitaran pruebas de ADN de sus descendientes directos, según las mismas fuentes, que aseguraron que "en los próximos días" podrían conocer los resultados de los análisis.

En la actualidad, los familiares vivos de Nin son una de sus hijas, que no reside en España; varios nietos -incluida una hija que participa en los trabajos de la fundación- y varios descendientes de segundo grado, algunos de ellos todavía residentes en El Vendrell, la localidad tarraconense en la que nació el líder del POUM.

El hallazgo de la fosa común con varios restos humanos se produjo el 11 de febrero durante unas obras que se realizaban en la zona nordeste de la Unidad de Servicios de Base (USBA) 'Primo de Riverà de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) en Alcalá de Henares (Madrid) para construir un muro perimetral. Los operarios, que trabajaban con máquinas, no se percataron en un primer momento de los restos óseos humanos, hecho que descubrió posteriormente personal civil y militar de la BRIPAC destacado en el acuartelamiento.

Los hechos se pusieron entonces en conocimiento de los superiores del cuartel Primo de Rivera, que los trasladaron al Juzgado Togado Militar número 11. El titular del juzgado castrense se personó en la zona, acompañado por agentes de la Policía Judicial, un médico forense y un secretario judicial de Alcalá. El equipo dirigido por el magistrado procedió a la recogida de los restos óseos, abrió diligencias previas para esclarecer el hallazgo y ordenó la paralización de las obras para que se realizara una inspección más intensiva de todo el terreno, según las fuentes militares consultadas por Europa Press.

El diario ABC, que adelantó el hallazgo en su edición de este miércoles, aseguró que la fosa se encuentra en el lugar que se vincula a la desaparición de Nin. Informó además de que la fosa, situada a dos o tres metros de profundidad, contenía un "amasijo" de huesos que correspondería a cinco personas, incluido un cráneo con un orificio de bala y dos tibias fracturadas, además de restos de ropa. Dos de los cadáveres podrían ser de jóvenes, toda vez que sus maxilares conservaban piezas dentales. El periódico madrileño apuntó que la situación en que aparecían dispuestos los restos humanos -colocados sin orden- evidenciaría que su enterramiento fue clandestino incluso podría haber sucedido que la fosa fuera abierta y clausurada en varias ocasiones para almacenar nuevos cadáveres.

(Europa Press, Madrid), El cadáver de Andreu Nin podría estar en una fosa común hallada en febrero en Alcalá de Henares, La Vanguardia, 6 de marzo de 2008

Defensa ocultó un mes el hallazgo de la fosa común en Alcalá de Henares

El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a confirmar a ABC el hallazgo de una fosa común con restos humanos en Alcalá de Henares, que pudiera pertenecer a la Guerra Civil, como desveló ayer este periódico. Defensa, que, en un primer momento no quiso admitir los hechos, asegurando que los desconocía, ha ocultado durante casi un mes este hallazgo.

Este departamento ministerial se limitó ayer a afirmar que el asunto estaba «judicializado» y que un juez togado militar se había hecho cargo de la investigación de los «huesos y restos encontrados». Además, puntualizó que hay que esperar a que finalice la investigación para conocer la procedencia de los restos. No quisieron confirmar si los restos encontrados pertenecían al menos a cinco o nueve personas.

Sin embargo, ABC sí que ha tenido acceso al acta que levantó la Policía Judicial el pasado día 11 de febrero, cuando se descubrieron estos restos. En dicha acta se constata que el descubrimiento tuvo lugar mientras se realizaban unas obras en la Unidad de Servicios de Base (USBA) «Primo de Rivera» de la Brigada Paracaidista (Bripac) en Alcalá de Henares. Los trabajos se concretan en la construcción de un muro perimetral en el noroeste de esta base militar. La obra se estaba realizando con una máquina excavadora, pero los operarios que se encontraban presentes no se dieron cuenta, en un primer momento, de la presencia de estos restos. Fue posteriormente cuando un civil y un soldado, destacados en el acuartelamiento, los descubrieron.

En manos de un juez militar

Estos hechos se pusieron en conocimiento de los mandos de este cuartel, que dieron traslado al Juzgado Togado Militar Territorial número 11, cuyo titular se personó en la zona, junto con agentes de la Policía Judicial, un médico forense y un secretario judicial de Alcalá de Henares.

El magistrado procedió a recoger los restos óseos y ordenó la paralización de las obras para que se realizara un análisis profundo del terreno, que ahora está cubierta con plásticos. Además, ha abierto unas diligencias previas para esclarer las circunstancias de este hallazgo.

Uno de los datos que más llaman la atención de las circunstancias que están rodeando la investigación de estos hechos es que, según fuentes judiciales consultadas por ABC, otra irregularidad que se podría cometer es que el asunto esté en manos de un juez togado militar, y no civil. Según la Ley Orgánica de Jurisdicción Militar 4/1987 de 15 de julio, los jueces militares sólo son competentes para juzgar los delitos del Código Penal Militar cometidos por militares. En este caso, no se trata de un delito recogido por esta legislación militar, según las mismas fuentes.

Las primeras impresiones sobre el terreno apuntan a que podría tratarse de una fosa común de la Guerra Civil y que los cuerpos habrían sido arrojados a la fosa y no colocados ordenadamente en el fondo de la misma. Incluso, se baraja la hipótesis de que se trate de una fosa abierta y cerrada sucesivamente varias veces, para acumular en ella nuevos cadáveres.

La importancia de este hallazgo es que Alcalá de Henares fue durante la contienda zona republicana y en esta zona fueron asesinados más de cuatrocientos sacerdotes, seminaristas y seglares. Igualmente, en Alcalá de Henares, en junio de 1937, fue detenido, torturado y asesinado el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (Poum), Andreu Nin, y cuyo paradero se desconoce.

El silencio oficial sobre el descubrimiento de esta fosa común abre una serie de incógnitas sobre el incumplimiento, por parte del Gobierno socialista, de la Ley de Memoria Histórica, en la que el Ejecutivo de Zapatero se comprometía a facilitar toda la información disponible sobre los terrenos en se localicen restos de víctimas de la Guerra Civil.

Acceso de los ciudadanos

En su artículo 12, la Ley indica que el Gobierno «elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones». Igualmente, «elaborará y pondrá a disposición de todos los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos».

Finalmente, y entre otras disposiciones, este texto legislativo afirma que «el Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los ciudadanos interesados y al que se incorporarán los datos que deberán ser remitidos por las distintas Administraciones públicas. Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por sus titulares en los términos que reglamentariamente se establezcan».

Paloma Cervilla (Madrid), Defensa ocultó un mes el hallazgo de la fosa común en Alcalá de Henares, ABC, 6 de marzo de 2008

Hallada una posible fosa común en unas obras del Ejército en Alcalá de Henares

Los restos de al menos cinco personas han aparecido hasta el momento en lo que parece una fosa común de la Guerra Civil, descubierta la semana pasada en la madrileña localidad de Alcalá de Henares. El hecho adquiere una mayor trascendencia por el espeso silencio oficial que ha rodeado el hallazgo, ya que la supuesta fosa ha sido descubierta durante unas obras en un acuartelamiento de la Brigada Paracaidista (Bripac). Un silencio aún más chocante si se considera que el lugar está vinculado a la desaparición de Andreu Nin, líder del POUM, asesinado por agentes de Stalin ante la pasividad del Gobierno republicano.

El descubrimiento de esta posible fosa común fue realizado a mediados de la semana pasada en las instalaciones de la Unidad de Servicios de Base (USBA) «Primo de Rivera», en la carretera de Alcalá a Meco. Este acuartelamiento de la Bripac, creado a principios de los años 50, se encuentra en fase de remodelación para albergar el futuro cuartel general de las Fuerzas Ligeras del Ejército de Tierra, dado que la Brigada paracaidista se está trasladando a Paracuellos del Jarama.

Una excavadora empleada en los trabajos de este futuro cuartel general sacó a la luz, a una profundidad de dos a tres metros, un macabro amasijo de huesos humanos, entre los que había al menos un cráneo con un agujero de bala y dos tibias fracturadas. Junto a los huesos aparecieron restos de vestimenta, como hebillas o botones. Se presume que los restos hallados hasta el momento pertenezcan al menos a cinco personas, algunas de ellas jóvenes, ya que en dos maxilares descubiertos se conservan todas las piezas dentales.

Después del hallazgo se personaron en el lugar un juez togado militar y una forense de Alcalá de Henares, que procedió al levantamiento de algunos de los restos para su análisis. La primera impresión sobre el estado de los restos y las condiciones en que han aparecido apuntan a una posible fosa común de la Guerra Civil. No se descarta que existan más restos en las inmediaciones.

Según ha podido saber ABC, la forma en que han aparecido los restos evidencia que se trata de un enterramiento clandestino. Los cuerpos habrían sido arrojados a la fosa, y no colocados ordenadamente en el fondo de la misma. Incluso se baraja la hipótesis de que se trate de una fosa abierta y cerrada sucesivamente varias veces, para acumular en ella nuevos cadáveres.

La aparición de los que podrían ser los restos de víctimas de la Guerra Civil ha disparado todas las especulaciones en Alcalá de Henares, ciudad natal de Azaña, que durante toda la contienda fue zona republicana. Así, se recuerda que en noviembre de 1936 se dirigieron hacia Alcalá algunos de los miles de presos sacados de las cárceles de Madrid, la mayor parte de los cuales terminaron siendo asesinados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Asimismo, se sabe que en las localidades de la diócesis de Alcalá fueron asesinados más de cuatrocientos sacerdotes, seminaristas y seglares.

Pero lo que concede el máximo interés a este hallazgo son las circunstancias que lo vinculan a uno de los mayores enigmas de la Guerra Civil: el paradero de Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), detenido, torturado y asesinado en Alcalá, en junio de 1937, por agentes al servicio d Stalin, bajo la acusación falsa de servir al espionaje franquista.

En este sentido, destaca el hecho de que el acuartelamiento de la Bripac donde ha aparecido la supuesta fosa común, se levanta cerca de lo que fue durante la contienda un aeródromo de la Aviación republicana. Bautizado antes de la guerra como el «Barberán y Collar», este aeródromo jugó un papel decisivo en la lucha aérea sobre Madrid, y en él se instaló el cuartel general de la Aviación republicana.

Según diversas fuentes históricas, fue en este chalé donde Andreu Nin, detenido en Barcelona el 16 de junio de 1937, fue llevado a escondidas y torturado durante días por agentes soviéticos y españoles de la NKVD, policía secreta de Stalin, ante la pasividad del Gobierno republicano. De este chalé fue sacado para su ejecución, aunque para ocultar el crimen el Partido Comunista difundió en aquellos días la rocambolesca historia de que había sido liberado por agentes de la Gestapo alemana.

Al contrario de lo que viene sucediendo en los últimos años, donde se han multiplicado con gran difusión las exhumaciones de víctimas de la represión provocada por el llamado bando «nacional», la aparición de estos restos se ha visto rodeada de un espeso silencio oficial. Desde el Ministerio de Defensa, no se ha comunicado a la opinión pública este macabro descubrimiento, realizado hace ya una semana en instalaciones de su competencia. Tampoco se ha informado desde la Vicepresidencia del Gobierno, responsable de la redacción de la llamada «Ley de Memoria Histórica», mediante la que el propio Zapatero se comprometió a que el Gobierno facilitaría toda la información disponible sobre los terrenos en que se localicen restos de víctimas de la Guerra Civil.

ABC se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para confirmar estos hechos, pero aseguran desconocer la existencia de los mismos.

J. Albiol (Madrid), Hallada una posible fosa común en unas obras del Ejército en Alcalá de Henares, ABC, 5 de marzo de 2008